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LA DERECHA SUEÑA CON APLICAR EL NEOLIBERALISMO CAUSANDEL DEL CARACAZO HACE 28 AÑOS

FUENTE: http://www.avn.info.ve/contenido/derecha-sue%C3%B1a-aplicar-neoliberalismo-causante-del-caracazo-hace-28-a%C3%B1os

En 1989, el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez (CAP), anunció un conjunto de medidas neoliberales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que sumieron al pueblo en la pobreza, y ocasionaron el estallido social del 27 de febrero,conocido como "El Caracazo", en el que el pueblo fue reprimido y masacrado por los cuerpos de seguridad del Estado.
28 años después de estos sucesos, sectores de la derecha— que fueron privilegiados por el Gobierno de Pérez—ejecutan acciones desestabilizadoras para tratar de derrocar a la Revolución Bolivariana, y aplicar medidas de corte neoliberal que tienen como objetivo eliminar las misiones sociales y disminuir el papel del Estado en la atención de las necesidades del pueblo.
Empresarios y actores políticos confabulan junto con el FMI y el Banco Mundial (BM) para cercar económicamente al Estado, con el fin de hipotecar los recursos energéticos de la nación, para servir a los intereses imperialistas.
Lorenzo Mendoza, representante de la derecha venezolana y dueño de Empresas Polar, en una conversación telefónica con el también empresario Ricardo Haussman,y ex ministro en el segundo gobierno de CAP, le asegura que él y su grupo de aliados son los únicos que pueden desarrollar las medidas contra el país que implica la "receta" del FMI, y entre las que figuran la privatización recursos y servicios básicos, recortes a la inversión social y congelamiento de salarios.
En un audio revelado por el diputado del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, se plantean las condiciones para negociar un préstamo superior a los 50.000 millones de dólares, por parte del FMI; y 11.000 millones de dólares adicionales, a cargo del BM.
Incluso, durante las pasadas elecciones presidenciales de 2013, los pre candidatos de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) suscribieron un documento en el que se develó la intención de destruir el papel regulador y protagónico del Estado, para favorecer a los grandes monopolios; propiciar la "autonomía" del Banco Central de Venezuela, para subyugarlo al control de las entidades financieras internacionales.
El texto contempla liberar el precio de la gasolina, los productos básicos, las tarifas de servicios públicos y el transporte público; eliminar los aportes a las misiones sociales y cambiar el rumbo la política petrolera soberana y nacionalista, lo que rememora al paquetazo de CAP de 1989.

Traición al pueblo
Durante su campaña de "El Gocho pal' 88" , Pérez prometió regresar al estado de bonanza económica que caracterizó su primera administración (1974-1979), conocida como la "Venezuela Saudita" por el flujo de dólares provenientes de la nacionalización de la industria petrolera y del hierro.
Aunque había asegurado al país que "no pueden haber ajustes en lo económico, cuyos efectos sólo se sientan en los grupos de menores ingresos" y que el FMI no impondría condiciones a Venezuela; la situación del país había ido empeorando paulatinamente con la baja de los precios del petróleo, la devaluación de la moneda y los altos niveles de inflación y deuda externa.
Contrario a su promesa electoral, las medidas implementadas por el mandatario adeco incluyeron la liberación de los tipos de cambio, la disminución progresiva de la protección de las industrias, la desregulación de los precios, la disminución (hasta llegar a la reducción) de los subsidios, así como la privatización de las empresas públicas, bajo medidas de corte neoliberal a favor de la disminución de las competencias del Estado.
Para poder acceder al un préstamo del FMI por un monto de 4.500 millones de dólares en los siguientes tres años, y de otros 21.000 millones para los próximos 7 años, CAP debió aplicar el "paquetazo", llamado por sus asesores como el "Gran Viraje", que incluyó el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que registró el 26 de febrero de 1989 un alza promedio de 94%, generando además, un incremento de 30% en las tarifas del transporte urbano.
Los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos 70%, y la Cámara del Transporte convocó un paro para el lunes 27 de febrero como medida de presión. Ese día intentaron imponer sus tarifas.
El resultado fue un estallido popular que en principio fue contra las unidades de transporte y luego se extendió, como reacción también ante una ola de acaparamiento y especulación en los principales rubros alimenticios.
Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el área metropolitana de Caracas y La Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida. Al final hubo revueltas populares en casi todos los estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas.
Aunque las cifras oficiales revelan que la represión policial durante el estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989 dejó un saldo de 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 3.500 personas fallecidas.